Infraestructuras resistentes al cambio climático: Lograr que las políticas sean correctas (OCDE, 2017)

Este documento de trabajo tiene como objetivo que los responsables políticos nacionales de los países de la OCDE les ayuden a garantizar que las infraestructuras nuevas y existentes sean resistentes al cambio climático. Abarca las infraestructuras de transporte, energía y agua, ya que todas ellas comparten rasgos comunes clave: son intensivos en capital, de larga duración e interdependientes en todos los sectores. El documento proporciona experiencias recientes de acción gubernamental en algunos países de la OCDE.

El documento identifica cuatro áreas prioritarias para la acción de los gobiernos nacionales en apoyo de la resiliencia de las infraestructuras: (1) apoyar el suministro de información y coordinación dentro de los sectores y entre ellos, y en particular garantizar que las principales partes interesadas (es decir, las empresas públicas de servicios públicos, las asociaciones profesionales y los reguladores) tengan capacidad suficiente para utilizar las proyecciones climáticas; (2) garantizar que los riesgos climáticos se tengan debidamente en cuenta en las inversiones del sector público y se asignen de manera transparente entre los socios públicos y privados en los acuerdos contractuales; 3) alinear las políticas de ordenación territorial, las normas técnicas y las políticas y reglamentos económicos en apoyo de la resiliencia de las infraestructuras, y (4) aumentar el perfil de la divulgación de los riesgos climáticos por parte de las partes interesadas pertinentes, incluidas las financieras, apoyando iniciativas de transparencia.

El documento de trabajo hace hincapié en la necesidad de realizar nuevos esfuerzos para supervisar y evaluar la eficacia de las acciones de los gobiernos, y de ampliar el aprendizaje mutuo entre los países. El documento también señala algunas cuestiones clave pendientes para la acción, relativas a (1) los costes, beneficios y eficacia de las palancas políticas y reglamentarias, incluida la planificación territorial, (2) el análisis de los marcos y contratos de APP para comprender su contribución a la creación de resiliencia, y (3) la revisión de las prácticas de inversión y las pruebas de detección de riesgos climáticos por parte de las instituciones financieras.