Gestión de los riesgos de inundación en Europa: Reglamento europeo sobre inundaciones

La Directiva marco sobre el agua (DMA) y la Directiva sobre inundaciones son el núcleo de la reglamentación europea sobre inundaciones. Las Directivas ofrecen varias oportunidades potenciales para mejorar la gobernanza del riesgo de inundación, pero no es evidente que todas estas oportunidades se materialicen en todos los Estados miembros. Este informe identifica los desafíos y las lagunas de conocimiento en relación con la aplicación de las Directivas. En lugar del enfoque legalista de arriba hacia abajo más tradicional, estas Directivas hacen hincapié en la importancia de iniciativas más ascendentes de los agentes que tienen que aplicar las Directivas. Combinada con la mayor libertad y flexibilidad de los gobiernos nacionales y locales, con este nuevo enfoque, la Directiva sobre el agua es la primera Directiva sobre el agua en la legislación de la UE que no ofrece un nivel mínimo de protección igual para los ciudadanos de la UE. Si bien ambas Directivas pretenden armonizar la legislación europea, los Estados miembros tienen una gran flexibilidad en cuanto a objetivos y medidas en la DF, justificada por la naturaleza de las inundaciones y el principio de subsidiariedad. Esto crea desafíos multiactor, multinivel y multisectorial. Por ejemplo, la Decisión Marco establece obligaciones generales en materia de cooperación transfronteriza, pero a nivel nacional, el alcance y la distribución de los deberes, derechos y facultades de las diversas organizaciones implicadas deben establecerse en la ley. Otros desafíos identificados en la literatura son cuestiones concretas relacionadas con las evaluaciones obligatorias del riesgo de inundación, los mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación, pero también la participación del público y las partes interesadas, la interfaz ciencia-política, las incertidumbres relacionadas con las predicciones y los efectos del cambio climático, la coordinación con la DMA, la falta de normas de seguridad, la falta de posibilidades de que los ciudadanos de la UE confíen en disposiciones sustantivas ante los tribunales administrativos y, por último, aspectos transfronterizos como las cuestiones de escala, los desajustes entre las políticas nacionales, la evaluación de los efectos transfronterizos y la división de los costes relacionados con este.