Tras un amplio debate público, la Comisión presentó el 18 de noviembre de 2010 una Comunicación titulada «La PAC hacia 2020», en la que se esbozan las opciones para la futura PAC y se inicia el debate con las demás instituciones y con las partes interesadas. El 12 de octubre de 2011, la Comisión presentó una serie de propuestas jurídicas destinadas a hacer de la PAC una política más eficaz para una agricultura más competitiva y sostenible y unas zonas rurales dinámicas.

El 26 de junio de 2013, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre la reforma de la PAC. El acuerdo se refiere a cuatro reglamentos básicos del Parlamento Europeo y del Consejo para la política agrícola común: i) sobre pagos directos, ii) la organización común de mercados única (OCM), iii) desarrollo rural y, iv) un Reglamento horizontal para la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC.

La política de desarrollo rural mantendrá su actual y exitoso concepto de base: Los Estados miembros o las regiones seguirán diseñando sus propios programas plurianuales sobre la base del menú de medidas disponibles a escala de la UE, en respuesta a las necesidades de sus propias zonas rurales. Estos programas se cofinanciarán con cargo a las dotaciones nacionales, donde los importes y los porcentajes de cofinanciación se tratarán en el contexto del MFP (marco financiero plurianual). Corresponderá a los Estados miembros o a las regiones decidir qué medidas utilizan (y cómo) para alcanzar los objetivos fijados en seis «prioridades» amplias y sus «ámbitos prioritarios» más detallados (subprioridades), sobre la base de un análisis sólido. Las seis prioridades cubrirán:

• Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación;
• Mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la gestión sostenible de los bosques;
• Promover la organización de la cadena alimentaria, incluidos el procesamiento y la comercialización, y la gestión de riesgos; Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas;
• Promover la eficiencia de los recursos y la transición a una economía hipocarbónica; y
• Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Los Estados miembros tendrán que gastar al menos el 30 % de su financiación de desarrollo rural con cargo al presupuesto de la UE en determinadas medidas relacionadas con la gestión de la tierra y la lucha contra el cambio climático, y al menos el 5 % en el enfoque Leader.